Creemos que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso de la presa política vasca, Inés del Río es una muy buena noticia. En el plano humano, porque debe traer la libertad de decenas de personas que se han pasado 20, 25 y hasta 30 años de su vida en la cárcel. Y en el plano colectivo, porque supone el principio del fin de la política penitenciaria de excepción que se aplica a los presos y presas políticas vascas.
Veníamos diciendo que, tarde o temprano, el Estado español iba a tener que empezar a desmantelar esta política penitenciaria. Porque vulnera flagrantemente los derechos humanos de los presos, se sitúa al margen de la legalidad internacional y su único objetivo es obstaculizar el proceso de resolución, lo cual nos parece una auténtica irresponsabilidad.
Y efectivamente, hoy decimos que el muro de la política penitenciaria de excepción se empieza a resquebrajar, y que eso es una buena noticia para la sociedad vasca, y también para la sociedad española.
Por lo tanto, no podemos caer en un esquema de vencedores y vencidos. Hoy han ganado los derechos humanos, y eso es positivo para toda la ciudadanía. Esta sentencia significa aliviar el dolor y reparar una injusticia, y nos va a permitir dar un paso adelante hacia la resolución y la paz.
Igualmente, queremos insistir en que el mandato del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es claro: hay que derogar la doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo y, por lo tanto, liberar a todos los presos y presas que han cumplido su condena, que son 54 en este momento.
La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han vuelto a quedar en evidencia con esta sentencia, ya que certifica que se retorcieron las leyes injustamente ante una decisión política: impedir la libertad de decenas de presos. Pues bien, a partir de este momento, tras la sentencia del TEDH, impedir o retrasar la libertad de estos presos es prevaricar de manera flagrante, porque supone alargar un castigo a todas luces injusto y fuera de la ley.
Por último, queremos llamar al Gobierno español a la responsabilidad en la gestión de todo este proceso, y a desterrar toda postura extremista que genere alarma social e incite al conflicto, al odio o a la venganza. Creemos que ya es hora de que el Partido Popular abandone definitivamente las políticas del pasado, respete los derechos humanos y empiece a invertir en la resolución y la paz.
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